José Luis López

Directiva Europea Fiscalidad del Ahorro

Posted on: junio 9, 2009

Díptico Armonización fiscal -Banco Santander

DIRECTIVA FISCALIDAD AHORRO- -fecha-entr-vigor

Swiss Parliament Approves Savings Tax Measure

Tabla Documentos No Residentes

Armonización sobre la fiscalidad del ahorro en la Unión Europea – Antecedentes

Cuando se aprobó la Directiva de desarrollo del artículo 67 del Tratado de Roma, conocida vulgarmente como la Directiva de Movimientos de Capitales , surgió la necesidad de evitar que se produjeran movimientos de capitales indeseables entre los distintos Estados miembros por simples motivos fiscales, basados en la menor carga tributaria por imposición directa de los rendimientos del ahorro, pero, además, y quizás con mayor intensidad, también debía procurarse que no se produjeran desviaciones de naturaleza fiscal por falta de transparencia frente a las diferentes Haciendas Públicas, es decir, por falta de control de flujos de capital.

Es por ello, que el artículo 6, apartado 5, de la Directiva de 1988, establecía que la Comisión de las Comunidades Europeas debía presentar al Consejo, antes del 31 de diciembre de 1998, propuestas tendentes a suprimir o a atenuar los riesgos de distorsiones, evasión y fraudes fiscales que pueden venir aparejados a la efectiva entrada en vigor de la libertad de movimientos de capitales dentro del territorio comunitario.

En teoría, el hecho de que existan diversos sistemas fiscales en los países miembros de la Unión Europea, en relación con la tributación de los rendimientos del capital mobiliario, no habría de producir, necesariamente, deslocalizaciones de capitales tendentes a la obtención de una menor tributación, ya que todos los rendimientos obtenidos por un inversor de un Estado miembro, independientemente de donde se obtengan, conforman, en teoría, su renta mundial, integrándose ésta en su base imponible, susceptible de gravamen en su país de residencia.

Siendo así, la única distorsión se produce por la posible existencia de una doble tributación (en el país de la fuente del rendimiento y en el país de residencia del inversor), corregida, no obstante, por los mecanismos internacionales de corrección de la doble imposición.

Todo ello se fundamenta, claro está, en la existencia de imposición personal en los Estados miembros, así como de mecanismos ágiles de traslado de información con trascendencia tributaria entre ellos. Pero, si se produce la negativa al traslado de esta información a la Hacienda Pública correspondiente, se reducen enormemente las posibilidades de control por parte de este organismo respecto de los rendimientos obtenidos por inversores residentes en un país fuera de su territorio, comportando que sea difícil la defensa de la neutralidad tributaria al configurar los distintos movimientos de capitales en el seno del espacio financiero europeo.

Volviendo a las demandas de la Directiva de 24 de junio de 1988, la comisaria europea, entonces Sra. Scrivener, presentó el día 8 de febrero de 1989 (con algunos días de retraso) unas propuestas de Directivas Comunitarias tendentes a evitar los problemas fiscales derivados de la liberalización de los capitales .

La primera de ellas, la “Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un régimen común de retención a cuenta sobre los intereses”, tenía por objeto el establecimiento de una retención en la fuente, a un tipo mínimo del 15 por 100, sobre todos los rendimientos del capital mobiliario pagados en el territorio de la todavía entonces CEE.

Las excepciones a esta regla general hacían, no obstante, que la medida resultara inoperante, especialmente en lo relativo a la exclusión de retención a cuenta respecto de aquellos rendimientos sujetos a mecanismos automáticos de traslado de información, lo que conllevaba la aplicación de la retención a cuenta de forma liberatoria respecto de aquellos intereses cuyo perceptor no pudiera ser identificado a través de un mecanismo general y automático. A ello se unía un mecanismo de compensación de las retenciones recaudadas en los diferentes Estados miembros (procedimiento de multi-compensación internacional) de difícil aplicación práctica.

La propuesta comentada se acompañaba de otra igual de importante, la “Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE relativa a la Asistencia Mutua entre las Autoridades Competentes de los Estados miembros en el ámbito de los Impuestos Directos y del Impuesto sobre el Valor Añadido”. La pretensión de ésta consistía, en esencia, en ampliar el ámbito del intercambio de información respecto de aquellos supuestos en los cuales hasta la fecha se venía negando a consecuencia de las prácticas administrativas sobre secreto bancario.

Se admitía, sin embargo, la omisión en el intercambio de información en los supuestos de legislación interna sobre secreto bancario, limitándose dicha institución, de forma exclusiva, respecto de la simple práctica administrativa o usual, lo que permitía que el simple reconocimiento del secreto bancario legislativo o la elevación a una norma suficiente de las, hasta entonces, prácticas administrativas, para permitir proteger las mismas y soslayar la aplicación de la Propuesta.

La total oposición de Luxemburgo (por las repercusiones negativas que comportaría en la atracción de capitales hacia su territorio) y el Reino Unido (dada su tradicional oposición a una armonización fiscal impuesta jurídicamente que desvirtúe el libre juego de las fuerzas del mercado), así como la de Alemania (por su natural detracción a la aplicación de retenciones), resultó en una absoluta imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre las propuestas presentadas en febrero de 1989.

Hacia la coordinación fiscal

Desde entonces y hasta abril de 1996 había sido siempre difícil que se dieran las condiciones políticas necesarias para avanzar en este ámbito. Es a partir de esas fechas cuando se decide abordar la política fiscal desde una óptica global y, tras la reunión informal de los Ministros de Economía y Hacienda celebrada en Mondorf-les-Bains en septiembre de 1997, la presidencia luxemburguesa pidió a la Comisión que le presentara un documento que sirviera de base para un debate orientativo sobre la fiscalidad.

El 5 de noviembre de 1997, la Comisión aprobó una Comunicación titulada “Paquete de medidas para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea” conteniendo propuestas que el Consejo debatió posteriormente, centrándose en “la necesidad de una actuación coordinada en la Unión Europea para combatir la competencia fiscal perniciosa a fin de lograr objetivos como la reducción de las distorsiones que todavía existen en el mercado único, evitar pérdidas demasiado importantes de ingresos fiscales u orientar las estructuras fiscales de modo que favorezcan el empleo”, tal como se explícita en las Conclusiones del Consejo ECOFIN, de 1 de diciembre de 1997, sobre política fiscal .

Conocidas las dificultades de las anteriores Propuestas de Directiva, se puede observar un interesante giro en la formulación de la armonización fiscal como objetivo comunitario. Siguiendo las ideas manifestadas por el hasta hace pocas fechas Comisario europeo de Fiscalidad, Mario Monti, en una conferencia celebrada en Barcelona en 1998, la armonización fiscal era y es necesaria, en la medida en que es garantía del buen funcionamiento del mercado interior europeo, especialmente frente a lo que él denominaba “harmful tax competition”. No obstante, si bien es cierto que ésta constituye un auténtico objetivo comunitario respecto de la imposición indirecta , la pluralidad de sistemas fiscales nacionales y el mantenimiento que de ellos la armonización debe presuponer, comporta que, en relación con la imposición directa, el objetivo de la actividad comunitaria deba ser la coordinación entre los Estados miembros, al menos a corto y medio plazo, y no la imposición o armonización, entendida ésta como integración y unificación de sistemas fiscales que, en todo caso, será un objetivo a largo plazo, pero posterior a otras medidas o políticas integradoras.

A raíz de aquél debate, el Consejo solicitó a la Comisión la presentación, entre otros aspectos , de una Propuesta de Directiva sobre la fiscalidad del ahorro, con el fin de garantizar un mínimo de imposición efectiva de las rentas del ahorro dentro de la Comunidad y para evitar distorsiones perjudiciales de competencia, indicando los elementos que podrían servir de base para la misma. La Propuesta fue presentada finalmente por la Comisión el 20 de mayo de 1998.

Fundamentalmente, la Propuesta se basa en el denominado modelo de coexistencia, que consiste en permitir a los Estados miembros, a fin de hacer posible la aplicación efectiva del impuesto mínimo, que puedan optar por:

a) aplicar una retención a cuenta a los intereses pagados en su territorio a no residentes (régimen de retención a cuenta), o

b) permitir al Estado miembro de residencia fiscal del beneficiario efectivo de los intereses proceder a su imposición mediante la comunicación de la información necesaria por el Estado miembro del agente pagador (régimen de información).

Las recomendaciones del Consejo de ECOFIN perseguían la aprobación de la Directiva no más tarde de diciembre de 1999, para su aplicación a partir del 1 de enero del 2001, pero hasta el 3 de junio de 2003 no se logró dejar a un lado las disputas políticas para alcanzar un acuerdo final sobre la Directiva del Ahorro (Directiva 2003/48/CE del Consejo de 3 de junio),como parte del consenso para adoptar un paquete de medidas cuyo objetivo es luchar contra la competencia fiscal perniciosa (el denominado “paquete fiscal” de la UE).

Con el fin de adaptar la legislación española a la Directiva europea del ahorro el Ministerio de Hacienda elaboró el Real Decreto 1778/2004 que fue aprobado el 30 de julio de 2.004, y que modifica el Real Decreto 2281/98, sobre obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria.

Armonización sobre la fiscalidad del ahorro en la Unión Europea – Antecedentes

Cuando se aprobó la Directiva de desarrollo del artículo 67 del Tratado de Roma, conocida vulgarmente como la Directiva de Movimientos de Capitales , surgió la necesidad de evitar que se produjeran movimientos de capitales indeseables entre los distintos Estados miembros por simples motivos fiscales, basados en la menor carga tributaria por imposición directa de los rendimientos del ahorro, pero, además, y quizás con mayor intensidad, también debía procurarse que no se produjeran desviaciones de naturaleza fiscal por falta de transparencia frente a las diferentes Haciendas Públicas, es decir, por falta de control de flujos de capital.

Es por ello, que el artículo 6, apartado 5, de la Directiva de 1988, establecía que la Comisión de las Comunidades Europeas debía presentar al Consejo, antes del 31 de diciembre de 1998, propuestas tendentes a suprimir o a atenuar los riesgos de distorsiones, evasión y fraudes fiscales que pueden venir aparejados a la efectiva entrada en vigor de la libertad de movimientos de capitales dentro del territorio comunitario.

En teoría, el hecho de que existan diversos sistemas fiscales en los países miembros de la Unión Europea, en relación con la tributación de los rendimientos del capital mobiliario, no habría de producir, necesariamente, deslocalizaciones de capitales tendentes a la obtención de una menor tributación, ya que todos los rendimientos obtenidos por un inversor de un Estado miembro, independientemente de donde se obtengan, conforman, en teoría, su renta mundial, integrándose ésta en su base imponible, susceptible de gravamen en su país de residencia.

Siendo así, la única distorsión se produce por la posible existencia de una doble tributación (en el país de la fuente del rendimiento y en el país de residencia del inversor), corregida, no obstante, por los mecanismos internacionales de corrección de la doble imposición.

Todo ello se fundamenta, claro está, en la existencia de imposición personal en los Estados miembros, así como de mecanismos ágiles de traslado de información con trascendencia tributaria entre ellos. Pero, si se produce la negativa al traslado de esta información a la Hacienda Pública correspondiente, se reducen enormemente las posibilidades de control por parte de este organismo respecto de los rendimientos obtenidos por inversores residentes en un país fuera de su territorio, comportando que sea difícil la defensa de la neutralidad tributaria al configurar los distintos movimientos de capitales en el seno del espacio financiero europeo.

Volviendo a las demandas de la Directiva de 24 de junio de 1988, la comisaria europea, entonces Sra. Scrivener, presentó el día 8 de febrero de 1989 (con algunos días de retraso) unas propuestas de Directivas Comunitarias tendentes a evitar los problemas fiscales derivados de la liberalización de los capitales .

La primera de ellas, la “Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un régimen común de retención a cuenta sobre los intereses”, tenía por objeto el establecimiento de una retención en la fuente, a un tipo mínimo del 15 por 100, sobre todos los rendimientos del capital mobiliario pagados en el territorio de la todavía entonces CEE.

Las excepciones a esta regla general hacían, no obstante, que la medida resultara inoperante, especialmente en lo relativo a la exclusión de retención a cuenta respecto de aquellos rendimientos sujetos a mecanismos automáticos de traslado de información, lo que conllevaba la aplicación de la retención a cuenta de forma liberatoria respecto de aquellos intereses cuyo perceptor no pudiera ser identificado a través de un mecanismo general y automático. A ello se unía un mecanismo de compensación de las retenciones recaudadas en los diferentes Estados miembros (procedimiento de multi-compensación internacional) de difícil aplicación práctica.

La propuesta comentada se acompañaba de otra igual de importante, la “Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE relativa a la Asistencia Mutua entre las Autoridades Competentes de los Estados miembros en el ámbito de los Impuestos Directos y del Impuesto sobre el Valor Añadido”. La pretensión de ésta consistía, en esencia, en ampliar el ámbito del intercambio de información respecto de aquellos supuestos en los cuales hasta la fecha se venía negando a consecuencia de las prácticas administrativas sobre secreto bancario.

Se admitía, sin embargo, la omisión en el intercambio de información en los supuestos de legislación interna sobre secreto bancario, limitándose dicha institución, de forma exclusiva, respecto de la simple práctica administrativa o usual, lo que permitía que el simple reconocimiento del secreto bancario legislativo o la elevación a una norma suficiente de las, hasta entonces, prácticas administrativas, para permitir proteger las mismas y soslayar la aplicación de la Propuesta.

La total oposición de Luxemburgo (por las repercusiones negativas que comportaría en la atracción de capitales hacia su territorio) y el Reino Unido (dada su tradicional oposición a una armonización fiscal impuesta jurídicamente que desvirtúe el libre juego de las fuerzas del mercado), así como la de Alemania (por su natural detracción a la aplicación de retenciones), resultó en una absoluta imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre las propuestas presentadas en febrero de 1989.

Hacia la coordinación fiscal

Desde entonces y hasta abril de 1996 había sido siempre difícil que se dieran las condiciones políticas necesarias para avanzar en este ámbito. Es a partir de esas fechas cuando se decide abordar la política fiscal desde una óptica global y, tras la reunión informal de los Ministros de Economía y Hacienda celebrada en Mondorf-les-Bains en septiembre de 1997, la presidencia luxemburguesa pidió a la Comisión que le presentara un documento que sirviera de base para un debate orientativo sobre la fiscalidad.

El 5 de noviembre de 1997, la Comisión aprobó una Comunicación titulada “Paquete de medidas para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea” conteniendo propuestas que el Consejo debatió posteriormente, centrándose en “la necesidad de una actuación coordinada en la Unión Europea para combatir la competencia fiscal perniciosa a fin de lograr objetivos como la reducción de las distorsiones que todavía existen en el mercado único, evitar pérdidas demasiado importantes de ingresos fiscales u orientar las estructuras fiscales de modo que favorezcan el empleo”, tal como se explícita en las Conclusiones del Consejo ECOFIN, de 1 de diciembre de 1997, sobre política fiscal .

Conocidas las dificultades de las anteriores Propuestas de Directiva, se puede observar un interesante giro en la formulación de la armonización fiscal como objetivo comunitario. Siguiendo las ideas manifestadas por el hasta hace pocas fechas Comisario europeo de Fiscalidad, Mario Monti, en una conferencia celebrada en Barcelona en 1998, la armonización fiscal era y es necesaria, en la medida en que es garantía del buen funcionamiento del mercado interior europeo, especialmente frente a lo que él denominaba “harmful tax competition”. No obstante, si bien es cierto que ésta constituye un auténtico objetivo comunitario respecto de la imposición indirecta , la pluralidad de sistemas fiscales nacionales y el mantenimiento que de ellos la armonización debe presuponer, comporta que, en relación con la imposición directa, el objetivo de la actividad comunitaria deba ser la coordinación entre los Estados miembros, al menos a corto y medio plazo, y no la imposición o armonización, entendida ésta como integración y unificación de sistemas fiscales que, en todo caso, será un objetivo a largo plazo, pero posterior a otras medidas o políticas integradoras.

A raíz de aquél debate, el Consejo solicitó a la Comisión la presentación, entre otros aspectos , de una Propuesta de Directiva sobre la fiscalidad del ahorro, con el fin de garantizar un mínimo de imposición efectiva de las rentas del ahorro dentro de la Comunidad y para evitar distorsiones perjudiciales de competencia, indicando los elementos que podrían servir de base para la misma. La Propuesta fue presentada finalmente por la Comisión el 20 de mayo de 1998.

Fundamentalmente, la Propuesta se basa en el denominado modelo de coexistencia, que consiste en permitir a los Estados miembros, a fin de hacer posible la aplicación efectiva del impuesto mínimo, que puedan optar por:

a) aplicar una retención a cuenta a los intereses pagados en su territorio a no residentes (régimen de retención a cuenta), o

b) permitir al Estado miembro de residencia fiscal del beneficiario efectivo de los intereses proceder a su imposición mediante la comunicación de la información necesaria por el Estado miembro del agente pagador (régimen de información).

Las recomendaciones del Consejo de ECOFIN perseguían la aprobación de la Directiva no más tarde de diciembre de 1999, para su aplicación a partir del 1 de enero del 2001, pero hasta el 3 de junio de 2003 no se logró dejar a un lado las disputas políticas para alcanzar un acuerdo final sobre la Directiva del Ahorro (Directiva 2003/48/CE del Consejo de 3 de junio),como parte del consenso para adoptar un paquete de medidas cuyo objetivo es luchar contra la competencia fiscal perniciosa (el denominado “paquete fiscal” de la UE).

Con el fin de adaptar la legislación española a la Directiva europea del ahorro el Ministerio de Hacienda elaboró el Real Decreto 1778/2004 que fue aprobado el 30 de julio de 2.004, y que modifica el Real Decreto 2281/98, sobre obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria.

Tabla Documentos No Residentes

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

junio 2009
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
A <span>%d</span> blogueros les gusta esto: